Un golazo de puntete cuando estaba offside

Un nuevo golazo de media cancha nos han metido a los chilenos. Esta vez, con los parlamentarios –vas, que raro- como protagonistas junto a empresas de un rubro específico –otra sorpresita-.

En septiembre de 2016 se promulgó la nueva ley de estacionamientos Nº 20.967 y entró en vigencia el 15 de febrero de 2017. En estos días, se han dejado oír los reclamos de los usuarios ante un abuso de las empresas y la venta moral de los políticos.

La ley entró a regular un tema menor en comparación a lo que sucede en el país, pero que anda a saber tu porque tenía una enorme relevancia, principalmente para los políticos y para los medios que hablaban de desincentivar los vehículos motorizados o hacer más efectivos –y baratos- esos espacios de propiedad privada, pero uso público.

Sin embargo, el resultado que salió del Congreso es una ley abusiva, capitalista en su máxima expresión. Una ley que hoy hace más caro pagar estacionamiento en un Chile en el que en muchas ciudades ya no se puede estacionar sin pagar, como si eso fuera una cosa de lógica comercial.

Lo dejo como hipotético porque en lo personal yo he sido especialmente crítico con el cobro de estacionamientos. Por un lado, hubo y hay muchos políticos que se vanaglorian de generar empleo, pero no cuentan que esos empleos son “inventados” como por ejemplo, los estacionadores de auto en la calle que con credenciales municipales y todo desaparecen mágicamente cuando te rallan el capó –he sabido muchos casos así o amenazas-.

Por otro lado, no puede ser que el retail cobre por estacionamiento ya que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) les exige ese servicio como medida de mitigación vial y a su vez, es un enorme gancho comercial. O sea, uno va a comprar, a gastar dinero y para peor la tendencia muestra que a futuro terminaremos pagando además los servicios asociados como el estacionamiento, los baños o asientos en el interior del mall –otros temas que se comienzan a vislumbrar de a poco-.

Lo controvertido de la ley son el cobro exacto, eliminando con ello el redondeo de los valores a pagar y la posibilidad –sí, lees bien, una opción- de las empresas a entregar 30 minutos gratis; también las empresas quedaron con absoluta libertad de definir los precios y la seguridad al interior quedó como responsabilidad del consumidor -el cliente debe acreditar cumplimientos de servicio en caso de litigio frente al proveedor-. Para meter la palabra al documento, contempla la gratuidad en centros de salud pero con restricciones que la hacen un adorno legislativo en la práctica.

El caso de Eduardo Fuentes es concreto y sus argumentos válidos: Una vez al mes el periodista va al mismo lugar a cortarse el pelo. Antes le salía $600, $300 cada media hora. Hoy, le sale $900. Uno paga lo exacto aclara él, pero sale más por las interpretaciones abiertas de los operadores  en las que uno queda a merced, cuenta el de la TV a quien lo quiera escuchar.

La ley tampoco diferencia estacionamientos comerciales, como clínicas, cines, malls u otros centros comerciales respecto a edificios o construcciones emplazadas con este fin –hoy por hoy una industria en sí misma con altísima concentración-.

Según el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, las empresas no están cumpliendo la normativa, están cobrando extras supuestamente eliminados y como ministro asegura que regularizarán estas situaciones.

En ese camino, el Sernac está realizando un estudio de medición y hasta el momento comprobó que de un total de 38 empresas analizadas hasta el uno de marzo, 24 de ellas (63%) aumentaron sus tarifas; mientras que 10 proveedores (26%) bajaron los valores; y 4 empresas (10,5%) mantuvieron los precios. El estudio contempla una auditoria a las 222 empresas que son en total y que juntas controlan más de 305 estacionamientos a lo largo del país.

Juan Manuel Ossandon (DC) ha hecho mucho ruido por esta transformación de beneficios y explicó que “cuando se aprobó la ley de estacionamientos creímos en la buena fe -¿Es acertado tener fe en el empresariado chileno?- de los dueños de los estacionamientos”. Continúa Ossandón: “lo que más llama la atención de todo esto es que a pesar de que la nueva ley no agrega nuevos costos al negocio, los empresarios han subido sus precios casi al unísono en proporciones similares, en especial, aquellos que forman parte de las asociaciones gremiales. Esto puede significar algún grado de colusión entre estos empresarios que no se puede tolerar” tirando la pelota al córner y dando pie a nuevas sospechas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecus), por medio de su presidente, Stefan Larenas, explicó que la tramitación fue viciada y que la ley es en lo legal un pase al contrario.

“Si estaciono un auto en un centro comercial y me roban tengo que ir a un tribunal que, hasta ahora, han fallado en favor de los consumidores. Sin embargo, en esta ley se establece que el consumidor debe probar que el establecimiento no ha cumplido con las normas de seguridad. Es decir, a mí como usuario me ponen a prueba. Entonces, jurídicamente es un retroceso”, precisó.

Para ver un reportaje completo de Ciper que explica al detalle cómo se concretó este golazo te invito a revisar el siguiente enlace.

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